Propuesta 28. ¡Cumplir con el mandato del pueblo!

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Consolidar una administración pública eficiente, eficaz, transparente y participativa para resolver las demandas populares

Si reconocemos que ha sido una necesidad y un logro el rediseño de la institucionalidad estatal, debe serlo aún más su funcionamiento óptimo, eficaz y eficiente. No basta solo el hecho de contar con las instituciones requeridas en el territorio, sino que es indispensable su adecuado desempeño. Esto será una prioridad del próximo período de gobierno pues está claro que nuestro proyecto no apuesta por un “estatismo” ineficiente, sino por un esquema equilibrado, donde el Estado y sus instituciones sirvan con calidez y calidad al ciudadano y su entorno.

Para que la presencia del Estado no obstruya, sino que por el contrario, potencie a la sociedad, necesitamos intervenciones precisas y apropiadas. Tenemos que adaptar el funcionamiento estatal a las herramientas y los avances actuales de la gestión pública. 

Por lo tanto,  el desafío implica, en primer lugar, consolidar las transformaciones de la arquitectura institucional y profundizarlas a nivel territorial, conforme a un modelo que reconozca al ser humano como sujeto y fin. Transformaremos la administración pública, poniendo un mayor énfasis en la capacidad institucional en los territorios.

En segundo lugar, continuará siendo una prioridad modernizar, mejorar y profesionalizar el servicio público ecuatoriano, tradicionalmente caracterizado por la excesiva jerarquización en la toma de decisiones, la rigidez de los procesos y la escasa formación profesional. Continuaremos con la transformación del servicio público, partiendo del reforzamiento de los valores democráticos, de la ética de los empleados públicos y de su profesionalización. La consolidación del Estado se respalda en la formación de un capital humano debidamente profesionalizado y adecuadamente remunerado, dentro de una carrera administrativa que privilegie los méritos y evalúe periódicamente a sus servidores.

En tercer lugar, es indispensable la introducción inmediata de instrumentos, técnicas y procedimientos de la actual era de la información, para promover la innovación del servicio público, de tal manera que sea eficiente, eficaz, especializado y que logre el empoderamiento de los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Para ello, es fundamental  construir una administración abierta basada en la transparencia, la accesibilidad y la receptividad;   que restituya la confianza en lo público;   que se adecue a las demandas de la compleja sociedad de la información;   y que potencie las posibilidades de la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos. La adopción de una gestión por resultados y la incorporación de herramientas de gobierno electrónico, entre otros, se traducirán en una administración pública más moderna, eficiente, eficaz y de calidad.

En cuarto lugar, el Estado ecuatoriano debe fortalecer su rol regulador dentro de un nuevo marco normativo. En esa dirección, se pondrá en marcha un conjunto de intervenciones e instrumentos de política orientados a la regulación y control del sistema financiero, el sistema económico, los servicios públicos, los sectores estratégicos, el ambiente, los recursos naturales y el uso del suelo.

 

LINEAS DE ACCIÓN

• Proseguir con la racionalización de la Función Ejecutiva. Emprendimos la reestructuración más ambiciosa del Estado y la Función Ejecutiva y continuaremos haciéndolo. Mejoraremos la capacidad de formular, monitorear y evaluar la política pública. Terminaremos con el corporativismo excluyente que privilegia intereses privados. Contaremos con un gabinete adecuado y de excelencia. Profundizaremos la modernización de la institucionalidad pública.

• Promover una cultura de dignidad, responsabilidad ciudadana, calidad y excelencia en la prestación de servicios públicos. Tenemos grandes logros en cobertura de servicios pero aún no estamos satisfechos con su calidad. A pesar de la creciente opinión favorable que la ciudadanía tiene sobre la actual calidad de los servicios públicos, esta será otra  prioridad del nuevo gobierno. El cumplimiento de los distintos estándares y parámetros de calidad será una obligación de servicios públicos y privados, y su control será aplicado y fortalecido.

• Mejorar las capacidades de regulación y control del Estado. Si bien en el período que se cierra rescatamos la regulación pública, no la hemos desarrollado y aplicado con la regularidad y la rigurosidad debida. Superaremos la debilidad en la aplicación de la regulación, y estructuraremos un sistema estatal de control alrededor de la Función de Transparencia y Control Social y sus entidades. Apoyaremos, respetando su autonomía, a las nuevas Superintendencias de Control del Poder de Mercado y de Economía Popular y Solidaria.

• Fortalecer el desempeño organizacional de las empresas públicas. A la etapa de su  recuperación y rescate, le sigue el período de fortalecimiento y desarrollo estratégico. Lograremos su funcionamiento óptimo y competente y coordinaremos su accionar desde principios transparentes y de gobierno corporativo.

• Desarrollar instrumentos de gestión pública para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad. Nuestros logros no solo han sido estructurales, nuestra administración pública también vela por la calidad, la eficiencia y la eficacia. Haremos efectivo el uso de las herramientas del gobierno por resultados y el gobierno electrónico.

• Mejorar continuamente la prestación de servicios públicos mediante el desarrollo holístico del  servidor, la adopción de las mejores prácticas internacionales en cada servicio y la certificación internacional de excelencia.

• Promover la formación y capacitación de los funcionarios públicos como parte de su carrera profesional. Establecer la carrera meritocrática del servidor público, atrayendo a los mejores ecuatorianos en función de sus capacidades. El rol de la Universidad del Estado deberá ser fortalecido para aportar al proceso.

• Dotar al Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) mayores capacidades en su función de Escuela de Gobierno y Administración Pública, así como, al Servicio de Capacitación Profesional -SECAP- con funciones complementarias.

• Implementar el Programa Nacional de Excelencia para certificar internacionalmente la calidad de los servicios públicos.

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