Propuesta 26. ¡Construimos el poder popular!

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Promover y reconocer la organización social, la vida asociativa y la ciudadanía activa para la defensa y cumplimiento de la Constitución.

La movilización popular arrinconó al neoliberalismo y condujo a las fuerzas de la Revolución Ciudadana a sucesivas victorias contra el poder de la partidocracia, de la banca, de la oligarquía y del conjunto de sectores retardatarios del país. La lucha democrática y la participación popular en las urnas han permitido a lo largo de estos años el avance de una fuerza de cambio confrontada, de modo permanente, a los grandes poderes fácticos.

El avance de la Revolución Ciudadana depende de mantener viva la movilización ciudadana, dinamizar la organización social, mantener vivo el poder constituyente, que es la base de la soberanía popular. La Constitución reconoce al pueblo como el mandante y primer fiscalizador del poder público. La participación y organización social no surge por generación espontánea sino que es resultado de una acción deliberada de promoción y fortalecimiento del tejido social, la vida asociativa, y el establecimiento de canales de contacto entre Estado y Sociedad.

Dos son los ámbitos de actuación fundamentales para construir y fomentar el poder social. En primer lugar, la promoción de la auto-organización social mediante la consolidación de asociaciones y organizaciones ciudadanas y la construcción de redes colaborativas entre ellas. Estas no tienen que ser vistas solamente como actores demandantes de políticas y recursos al Estado, sino también como constructoras de una institucionalidad propia y diferenciada del poder estatal. Es importante generar un tejido social autónomo, rico y plural −con específicas capacidades organizativas, discursivas, técnicas y económicas− como soporte insustituible para la democratización de la esfera pública.

En segundo lugar, la puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos de participación social para la deliberación entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Se trata de fortalecer los espacios de encuentro entre administración, organizaciones sociales y ciudadanía para el procesamiento eficiente y democrático de las demandas populares. Es importante el impulso de mecanismos de diálogo con los sectores involucrados con situaciones de particular vulnerabilidad de sus derechos, a fin de que puedan ejercer legítimamente varias formas de deliberación, negociación y presión sobre el Estado.

En ambas dimensiones del fortalecimiento del poder popular juega un rol preponderante el uso y la apropiación social de la vigente Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que contempla una multiplicidad de mecanismos, instancias, espacios y procedimientos para la auto-organización de lo social y para la interlocución democrática entre el Estado y la sociedad. Deberemos promover la utilización activa de la Ley en todos los ámbitos sociales y niveles de gestión pública que estructuran el vigente orden político ecuatoriano.

 

LINEAS DE ACCIÓN

• Promocionar la creación y/o fortalecimiento de organizaciones, colectivos, movimientos sociales, asociaciones ciudadanas, redes populares y demás grupos de acción ciudadana. Trabajaremos para prestar apoyo y capacitación técnica, así como facilitar su reconocimiento y legalización respetando siempre su autonomía política y organizativa.

• Fomentar los procesos de organización de los trabajadores y la sindicalización por ramas de actividad en distintos espacios de la vida económica del país.

• Consolidar el voluntariado de acción social y desarrollo, entendido como una actividad de servicio social y participación libre de la ciudadanía y las organizaciones sociales en diversos temas de interés público con independencia y autonomía del Estado.

• Estimular que la ciudadanía y las organizaciones sociales puedan participar conjuntamente con el Estado y la empresa privada en la preparación y ejecución de programas y proyectos en beneficio de la comunidad. Fomentaremos la cogestión de servicios y equipamientos públicos con participación de la ciudadanía organizada.

• Incentivar la formación ciudadana y la difusión de todos los derechos de participación previstos en la Constitución y la Ley. Trabajaremos para que las funciones y entidades del Estado y, en particular, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, promuevan procesos de formación ciudadana y campañas de difusión sobre el ejercicio de los derechos y deberes.

• Promover el uso activo de los mecanismos de democracia directa previstos en la ley –iniciativa normativa, referéndum, consulta y revocatoria− y respetar la utilización de tales mecanismos por parte de la ciudadanía. No dudaremos en convocar al pueblo las veces que sean necesarias para consultar su opinión sobre debates trascendentales para el futuro del país.

• Profundizar en la construcción de canales de participación ciudadana. Consolidaremos los Consejos Nacionales para la Igualdad y el Consejo Nacional de Planificación;   consolidaremos el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;   e institucionalizaremos el funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, como espacio fundamental de consulta y diálogo directo entre el Estado, las organizaciones sociales y la ciudadanía, para llevar adelante el proceso de formulación, aprobación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Fomentaremos la creación de los Sistemas de Planificación a nivel local y apoyaremos la construcción de las Asambleas Locales en todos los cantones, parroquias y provincias del país.

• Seguir trabajando en la creación y/o consolidación de Consejos Ciudadanos Sectoriales en todos los órganos del poder ejecutivo, a fin de involucrar a la ciudadanía en los procesos de construcción y seguimiento de las agendas públicas de cada sector del Estado.

• Promocionar el uso activo de los distintos mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley de Participación: Audiencias Públicas, Cabildos Abiertos y la Silla Vacía.

• Impulsar la participación de las organizaciones sociales en todo el ciclo de la política pública. En el conjunto de los niveles y sectores del Estado consolidaremos sistemas de participación ciudadana que superen el mero formalismo e implique la prolongación de los espacios de decisión pública.

• Fomentar la consolidación de observatorios, redes y veedurías ciudadanas como modalidades de control social de la gestión de lo público y de seguimiento a las actividades de los funcionarios electos y designados. Se trata de afianzar los procesos de rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas.

• Facilitar y promocionar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas. Aseguraremos que los y las ciudadanas no encuentren dificultades para solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos del Estado, desarrollen actividades de interés público o medios de comunicación social.

• Garantizar el libre acceso a la información pública. Este derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social.

• Seguir profundizando en la apertura y aproximación del Ejecutivo en el territorio. Se continuarán explorando las fórmulas de los gabinetes itinerantes y equipos políticos territoriales (EPT), entre otras.

• Ofrecer formación y capacitación continua a los funcionarios públicos en cuestiones de democracia participativa, rendición de cuentas y transparencia institucional.

• Fortalecer la interculturalidad y los procesos de construcción de la democracia comunitaria en los espacios y territorios en que pueblos y nacionalidades lo pongan en debate político.

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