Propuesta 22. ¡Libertad de expresión: todas las voces, todos los espacios!

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Democratizar, diversificar y regular el espacio mediático y el espectro radioeléctrico para asegurar la plena libertad de expresión

El derecho a la comunicación fue consagrado en la Constitución de 2008, como un derecho de todas las personas, a nivel individual o colectivo. Sin embargo, los medios de comunicación en el país han pertenecido tradicionalmente a los grupos de poder; la información se ha convertido en un rentable negocio. Pocos son los que se atreven a cuestionar aquello que es descrito o interpretado por los medios masivos de comunicación, a poner en tela de juicio esa “realidad” que pretende imponerse a todos como una verdad. Las figuras que aparecen diariamente frente al público, para darle “su información y opinión” forman parte del mismo círculo, y no pueden decir nada que disguste a los dueños de los medios de comunicación.

Grave contradicción: los agentes del mercado (medios privados) son los responsables de garantizar el derecho de la ciudadanía a la información. Como todo agente económico, los medios de comunicación privados buscan el lucro. Las líneas editoriales y el tratamiento a la información, lejos de ser objetivo, sirven a los intereses del capital privado. Durante el neoliberalismo se mantuvo privatizado el derecho a la información, que permaneció atado a los intereses del mercado.

La libertad de expresión no es atributo exclusivo de las empresas de comunicación, ni se restringe al ámbito de los medios masivos. Son los pueblos quienes la ejercen a través de sus propios espacios de expresión, en su vida diaria, en su trabajo, en sus comunidades, en sus conflictos, en la lucha por sus derechos, en los procesos democráticos vividos a través de su historia.

La libertad no puede ser tal si va en contra de los procesos y movimientos de la historia;  la libertad de prensa no puede ser un argumento falaz utilizado para confundir a la comunidad y ocultar intereses poderosos opuestos a los cambios democráticos. Los cambios impulsados por la Revolución Ciudadana representan una amenaza a los privilegios de los mismos de siempre, de quienes se oponen a la transformación del Ecuador, a esta construcción pacífica de un nuevo poder, centrado en la participación democrática de los ecuatorianos y ecuatorianas, dentro del marco jurídico de la Constitución.

Estos cinco años han sido una enorme pedagogía social alrededor de la prensa, los medios privados y la libertad de expresión. Hemos aprendido, de manera colectiva, a develar lo que se esconde detrás de una supuesta posición neutra, objetiva y sin perjuicios, por parte de los medios tradicionales de comunicación, para descubrir los verdaderos intereses que persiguen y defienden.

La confrontación permanente entre los poderes fácticos −donde no solo están los medios− con el poder constituido y legítimo ha dado paso a un largo aprendizaje donde los únicos que no reconocen ni asimilan la pedagogía social son precisamente los medios. Para sus dueños, la única razón de ser es la libertad de prensa –no de pensamiento, ni de expresión–, considerada como la base ineluctable de la democracia. Sin embargo, la experiencia de estos últimos años ha desmontando su carácter conservador, atrasado y opuesto al progreso de amplios sectores de la sociedad. Su lucha insistente contra la aprobación de la Ley de Comunicación, como ordena la Constitución, fue la oportunidad para que salieran a flote los conflictos generados por la defensa de sus intereses privados.   

A pesar de que todavía no contamos con la Ley de Comunicación, el proceso de debate ha permitido la difusión de conceptos básicos que nunca fueron abordados de manera pública: responsabilidad ulterior, censura previa, derecho a la réplica, rectificación, derechos de los periodistas, entre otros. Esto ha permitido también conocer el significado de “periodismo responsable” para diferenciarlo de la práctica de un “negocio de comunicación”.

La actual presencia de medios de comunicación públicos, la generación y gestación de medios comunitarios, y de cierta prensa privada que trabaja bajo un marco ético y responsable, fue la contraparte de este controvertido escenario. A esto se suma la distribución de frecuencias de radio a los pueblos y nacionalidades indígenas, que ha permitido ampliar el espacio de la comunicación.

Con este panorama se construye otra realidad mediática cuyo propósito es la democratización de la comunicación. La presencia cada vez más cercana de los medios públicos da lugar a una ampliación del campo de la comunicación, en el que aparecen agendas distintas, una programación diversa e incluyente, sin dejar de lado relatos de la realidad desde otras miradas.

Cabe destacar también nuevas expresiones a nivel regional y mundial como el caso de Telesur, que se presenta como una propuesta comunicacional desde el Sur y desde la región.  Esto es importante para contrarrestar el poder mediático internacional aliado al poder nacional que comparte la mirada de la comunicación como un negocio, y que se constituye en oposición a los gobiernos progresistas.

Defendemos la libertad de expresión de todos los ecuatorianos y no solamente de los grupos de poder. Creemos en la construcción de medios plurales que expresen las distintas voces de la ciudadanía: medios comunitarios, públicos y privados. Creemos en la democratización del espectro radioeléctrico. Promovemos la generación de una ciudadanía crítica, que pueda exigir su derecho a la información y a la comunicación y ejercer el control social sobre los medios.

LINEAS DE ACCIÓN

  • Consolidar a los medios públicos como espacios ciudadanos de comunicación, con una creciente participación social para la definición de líneas editoriales. A este proceso le corresponde además lograr una articulación con las facultades de comunicación, cuyos planes de estudio no han incluido el análisis y el pensamiento sobre lo que deben ser y hacer los medios públicos.
  • Ampliar entre todas y todos medios comunitarios que puedan expresar las diversas voces de las organizaciones sociales y de los colectivos organizados. La apropiación de la comunicación, como un factor de transformación local y cultural, implica romper los viejos enfoques de esa “hegemonía occidental”, que nos ha impuesto modelos de lo que debemos ver, oír y leer. Se potenciará la comunicación intercultural en diversas lenguas.
  • Impulsar la democratización del espectro radioeléctrico como un mecanismo para diversificar las voces y garantizar efectivamente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y a la información.
  • Aprobar y poner en vigencia la Ley de Comunicación para definir, a corto plazo, las nuevas reglas de juego en la materia, a fin de democratizar la comunicación, estimular nuevas tecnologías e incluir a más sectores en la configuración de un nuevo y diferente sistema social de comunicación. Las instituciones de control y los mismos medios de prensa (públicos, comunitarios y privados) son los encargados de sustentar ese nuevo enfoque.
  • Fomentar una educación crítica sobre los mensajes y contenidos. Es de vital importancia que en las escuelas, colegios y universidades se generen asignaturas y tareas para aprender a leer a los medios. Con ello forjaremos seres críticos con capacidad de análisis, y la apertura para una comunicación popular y participativa. 
  • Definir políticas públicas de comunicación para potenciar la libertad de expresión alejada de criterios y conceptos mercantiles. Hacer de este valor democrático y transformador la herramienta de las nuevas generaciones para construir una sociedad menos prejuiciada, vertical y conservadora.
  • Colocar como un tema prioritario a la comunicación en la agenda regional de organismos como UNASUR, CELAC y ALBA, con el fin de desarrollar estrategias y acciones comunes como medios regionales y alianzas entre agencias informativas.
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