Revolución cultural

No hay transformación social sin revolución cultural. Debido al cambio en las relaciones de poder que ha impulsado la Revolución Ciudadana, el tiempo actual es un momento privilegiado de producción cultural, pues junto con la refundación del Estado constitucional de derechos, se estimulan procesos de mutuo conocimiento que alimentan la formación de identidades colectivas mayores.

La sociedad critica las narrativas que legitiman la exclusión para crear lenguajes y reconoce en su memoria las experiencias de emancipación que dieron lugar a su existencia política. En el Ecuador la experiencia contemporánea se formula como una dinámica cultural de solidaridad en  la interculturalidad.

En esta profunda transformación deben trabajar conjuntamente la sociedad y el Estado para combatir los mecanismos de exclusión instalados por la oligarquía y profundizados durante el período neoliberal.

La exclusión de un amplio sector de la población de lo que se definía de forma elitista como la alta cultura, las artes y el espacio de creación e innovación cultural fue uno de los resultados de las políticas de la oligarquía en el campo cultural, que desplazaba a las grandes mayorías y a la ciudadanía de la producción cultural. El impacto de esta dinámica se tradujo en la construcción de estereotipos sobre las clases populares, las mujeres y los grupos étnicos como sujetos de menor categoría, determinados por sus costumbres, sus oficios, su localidad, sus mitos y sus tendencias “naturales”, y, por tanto, incapaces de dialogar con los otros, de crear comunidad política o de innovar culturalmente.

Se excluyó a amplios sectores del acceso a la educación en recursos culturales y lenguajes artísticos universales, para desvalorizar y estratificar las visiones de mundo y la memoria de los pueblos, lo cual permitió que un solo sector de la sociedad tuviera el control monopólico de los contenidos y del espacio público y mediático, para dar cabida a sus propias expresiones e intereses económicos privados. Esta exclusión impidió por mucho tiempo que amplios y diversos sectores intervinieran en la creación y el consumo cultural. Es así como fueron afectados severamente sus derechos de ciudadanía.

Una de las principales estrategias de los gobiernos neoliberales fue la des-regulación del ámbito mediático y su consecuente abandono a los determinismos del mercado y a los intereses de los grupos de poder económico a los que pertenecían. Como resultado tuvimos un país que no se consideraba capaz de producir sentido cultural, que se había transformado en consumidor, colonizado y dependiente, con poca o ninguna capacidad de producir sus propios referentes culturales y, menos aún, de exportarlos.  El país entró en una lógica de dependencia de productos foráneos y renunció a la soberanía en el espacio mediático.

Las políticas de patrimonio fueron políticas en torno a la preservación de  objetos y no hacían referencia ni fortalecían el vínculo con la sociedad que los produjo y su memoria histórica.  La Revolución Ciudadana impulsa y valora las creaciones, e identidades culturales forjadas en el antagonismo y la resistencia.

La recuperación del sentido de lo público, en todos los ámbitos, marcó desde un inicio la agenda de la Revolución Ciudadana y, con ella, la de la nueva Constitución.

La revolución cultural ha profundizado el reclamo de respeto a la diversidad, pero también ha dado un paso más allá hacia el objetivo de crear condiciones para que el intercambio entre diversos se produzca en equidad y en la más profunda solidaridad. El resultado de la revolución es la creación de una voluntad colectiva, es una reapropiación popular de su capacidad creativa, crítica y política, forjada al calor del intercambio y la imaginación política del bien común.

Desde la Constitución de 2008 la cultura ya no se define más como un problema respecto de cómo administrar objetos, sino como un asunto de derechos fundamentales de toda la ciudadanía. A diferencia de la Constitución de1998 −que establecía en sus Artículos 62 y 63, que los artistas y los intelectuales eran los únicos actores culturales del país− la actual Constitución establece que todos los ciudadanos ecuatorianos son sujetos de derechos culturales (Artículo 21 y 22). Estos son los derechos a la libre expresión, al encuentro fecundo entre diversos, a la memoria social y al patrimonio cultural.

En el ámbito de la cultura y de las industrias culturales esto significó el establecimiento de instancias públicas para la gestión de la política cultural, la implementación de políticas de fomento a la producción nacional mediante la creación del Sistema Nacional de Fondos Concursales y el Sistema Nacional de Festivales  como mecanismos de acceso democrático a los recursos del Estado por parte de la comunidad creativa. Se pasó de la costumbre del “palanqueo” a  la transparencia en el acceso y uso de dineros públicos para la creación, y se logró la regulación del espacio mediático, acompañado de la creación de medios públicos.

El reto en los siguientes años es  la distribución y circulación de los contenidos sociales construidos desde la autonomía y la  memoria, y la posibilidad de profundizar el diálogo social  e interpretarlo. Se trata de orientar toda la red institucional hacia los objetivos de la democratización de recursos culturales, el acceso a los recursos públicos, la salvaguardia delacceso equitativo al espacio público, y la fijación de condiciones para una vital producción cultural en la diversidad, la equidad y la solidaridad, pero sobre todo con garantía de circulación y distribución de contenidos.

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