Propuesta 18. ¡Combate frontal al delito!

FOTOS-PLAN-18Luchar contra la delincuencia y el crimen transnacional organizado. Profesionalización y eficacia de la fuerza pública en el marco del respeto a los derechos humanos y ciudadanos

Uno de los anhelos fundamentales de la ciudadanía es vivir en una sociedad con niveles adecuados de seguridad. Además de ser un derecho básico, la seguridad garantiza que podamos gozar con plenitud del resto de derechos fundamentales. La violencia y el temor constituyen uno de los factores que atenta en mayor grado y de manera cotidiana contra la seguridad de la población. Si bien ésta se encuentra relacionada con la delincuencia y el crimen organizado, también está vinculada con otras problemáticas como son la trata de personas, la violencia de género, la explotación sexual, entre otras. Es importante desarrollar políticas de seguridad integrales y efectivas, que establezca estrategias de prevención de la delincuencia común y organizada.

Debemos fortalecer los niveles de organización social con bases sólidas en el conocimiento de los derechos, el ejercicio de libertades y el cumplimiento de los deberes. Las instituciones encargadas de velar por la garantía de la seguridad y la justicia deben ser cooperantes para garantizar a la sociedad la seguridad pública. Las normas, las estructuras y las prácticas de intervención y prestación de servicios deben dirigirse a la atención de la ciudadanía, poniendo especial énfasis en aquellos sectores de mayor riesgo y vulnerabilidad.

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha llevado a cabo un trabajo importante mediante acciones de depuración del funcionariado corrupto y clientelar, de la profesionalización de las instancias del sistema penal con trabajadores bien remunerados y formados, y del control directo de las funciones que éstos llevan a cabo. La operatividad de las nuevas unidades judiciales, policiales y penitenciarias no podrá ser efectiva sin la formación de un personal idóneo de carrera para las nuevas funciones, roles y actividades a ejecutar. De igual forma se debe contar con directivos con capacidad de organización y comando.

“Hay que radicalizar los cambios de la estructura de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, avanzar en la profesionalización de sus elementos y en la evaluación de su accionar”, Taller de construcción del Programa de Gobierno, Imbabura.

LINEAS DE ACCIÓN

•             Combatir de manera implacable el narcotráfico y la delincuencia organizada. La economía criminal del narcotráfico y de otras actividades ilegales es uno de los fenómenos sociales que ha afectado gravemente a la región y al mundo en los últimos años. Es necesaria la acción del Estado ecuatoriano para luchar contra este flagelo, mediante una política que involucre el nivel preventivo y reactivo. La aplicación de una correcta articulación interinstitucional considera la intervención de entidades judiciales, de salud, de educación. Hay que tomar en cuenta que las adicciones son reconocidas como un problema de salud pública (Artículo 364 de la Constitución).Es importante proceder a modificaciones legislativas sobre el tema de tenencia de estupefacientes y drogas sicotrópicas para manejar de manera adecuada los criterios de penalización.

•             Fortalecer la organización social frente al problema de inseguridad e impunidad en el territorio. Desarrollo de la participación ciudadana y la colaboración institucional para la creación de comunidades más seguras. Trabajar directamente a nivel de la organización comunitaria, barrial y vecinal sobre la promoción de los derechos, la prevención de conflictos y sus mecanismos colaborativos de solución, de manera que la ciudadanía cuente con los instrumentos necesarios para enfrentar problemas de violencia intrafamiliar, vecinal, callejera y conflictos comunitarios, entre otros. Constitución de juntas o comités de seguridad local que reúnan los actores relevantes (médicos, educadores, policías, jóvenes, etc.), para crear sinergias entre profesionales y actores sociales.

•             Establecer una gestión territorial para la seguridad ciudadana bajo el modelo ya iniciado de distritos y circuitos. El modelo de desconcentración que ha impulsado el gobierno nacional llevará adelante una adecuada gestión territorial para la seguridad ciudadana, a fin de mejorar la eficiencia de los servicios territoriales de seguridad y articular estratégicamente los actores involucrados.

•             Potencializar la investigación del delito, mediante el impulso de una policía técnica-científica especializada, que mejore el nivel de esclarecimiento y sanción de los delitos que tienen un alto impacto social en la población.

•             Fortalecer la presencia del Estado en las fronteras para dinamizar la economía, fomentar la integración social y la seguridad en el territorio.

•             Fomentar la investigación, innovación y el uso de tecnologías modernas en el sistema público de seguridad y emergencias. Esto permitirá reforzar las políticas preventivas, mejorar la coordinación y organización de los cuerpos de seguridad, y realizar una gestión de emergencias de mayor calidad. Es necesario contar con un sistema integrado de información sobre violencia y criminalidad.

•             Potenciar las capacidades interinstitucionales del talento humano desde una visión de seguridad integral y de lucha contra la impunidad. Formar talento humano en las instituciones involucradas en el sector de seguridad y de justicia, con una nueva visión y bajo principios éticos, de servicio cercano a la comunidad, de protección de derechos de las víctimas, de garantía del debido proceso y diligencia. Para lograrlo deben fortalecerse las escuelas y carreras formativas de los funcionarios policiales, judiciales y penitenciarios. Debe considerarse la formación continua y especializada para tener funcionarios preparados que asuman las tareas dentro de un Estado de derecho y democrático.

•             Impulsar la reforma educativa de la policía y demás actores de seguridad.  La vocación de servicio debe ser el eje que guíe la nueva doctrina de las instituciones de seguridad, de manera que oriente su misión al servicio ciudadano.

•             Impulsar la formación adecuada de funcionarios penitenciarios para llevar a cabo las funciones de resocialización y de seguridad que les son encomendadas.

•             Revolucionar el conocimiento para la seguridad ciudadana. Por ser la violencia y la seguridad ciudadana una prioridad nacional, la experticia en el conocimiento de esta problemática es fundamental para el Estado. Por ello es necesario mejorar las capacidades técnicas y científicas del personal civil y policial en el análisis y toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, a nivel nacional y local.

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