Revolución de la justicia, la seguridad y la convivencia

Ecuador es un país de paz y convivencia.  No hemos tenido la violencia social que ha azotado a otros hermanos latinoamericanos. La paz es nuestro bien más preciado. La Constitución de Montecristi establece como deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción (Artículo 3, numeral 8). Debemos garantizar la seguridad y la convivencia en nuestras ciudades y zonas rurales.

Las distintas violencias que amenazan a la integridad física y psíquica de cualquier persona tienen que ser activa y duramente combatidas. Nos referimosa la delincuencia y el crimen organizado que aún sufrimos, aunque con menor medida que en un pasado reciente. Pero también hacemos referencia a la violencia intrafamiliar y de género que aun causan temor en el ámbito privado de algunas mujeres, niños y niñas, y personas mayores; de igual manera a los accidentes de tránsito y a la siniestralidad laboral, entre otras.

Una comunidad con un tejido social rico, activo y solidario, que construya espacios de encuentro, convivencia, respeto y reconocimiento mutuo, es una comunidad no sólo más habitable sino también más segura. Por eso apostamos por el fortalecimiento de la sociedad civil, la autoorganización popular y la construcción de espacio público, como lugar de encuentro y de sociabilidad. Pero existen fuentes de violencia e inseguridad que deben ser combatidas con la fuerza de la ley. Las diversas instancias del sistema penal –la policía, la magistratura y el sistema penitenciario– son los instrumentos con los que contamos la ciudadanía en un Estado democrático para hacer frente a fenómenos delictivos, e ilícitos penales que se comenten en nuestro país. Seguiremos trabajando para consolidar cuerpos profesionales de seguridad eficientes y eficaces al servicio de la ciudadanía. Queremos unos funcionarios comprometidos con los derechos humanos, la Constitución y la democracia.

Son duros momentos para la delincuencia.  Hemos incrementado notablemente la inversión en la policía nacional, en su equipamiento e infraestructura; hemos creado un servicio integrado de seguridad ECU 911, hemos articulado todas las instituciones públicas relacionadas con la seguridad.  Hemos endurecido nuestra acción con el delito y el crimen organizado, y hemos dotado de mayor coherencia el sistema penal.

Es nuestra voluntad trabajar para alcanzar un sistema de justicia desmercantilizado y despolitizado, para hacer realidad el anhelado derecho a la justicia, para que podamos decir con seguridad que los ciudadanos, mujeres y hombres, somos iguales ante la ley. Continuaremos consolidando un Estado de derechos y democrático, a la vez que un sistema eficiente y moderno, siguiendo el mandato popular de la Consulta de 2011.

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