Propuesta 17. ¡Justicia para todos! ¡No más impunidad!

FOTOS-PLAN-17Profundizar la transformación de la justicia, atendiendo el mandato popular, para reforzar el Estado de derechos y la igualdad ante la ley

La estructura de la administración de justicia en el país fue históricamente débil. Esto provocó la interferencia de partidos políticos, actores económicos y otros poderes del Estado, limitando a la vez su desarrollo institucional. Esta debilidad estructural tuvo repercusiones en varios aspectos de la administración de justicia: 1) falta de medios materiales: tecnología e infraestructura; 2) inexistencia de organización: manejo operativo y procedimientos internos no estandarizados; 3) marco legal precario, que favorecía el sistema escrito y dificultaba cambio de modelo de gestión.

La realidad del sistema de justicia vulneraba la garantía de un debido proceso judicial. El marco legal utilizado para la toma de decisiones era insuficiente; el análisis de las pruebas en los juicios no se cumplía en todos los casos, la interpretación de las normas era limitada o literal sin el análisis correspondiente. Las debilidades existentes se plasmaron en la calidad de los servicios de justicia y afectaron el derecho de la población un efectivo acceso a la justicia: trámites engorrosos, lentos y poco transparentes provocaron una gran acumulación de causas y la desconfianza general en el sistema.

Frente a estas debilidades, la Constitución del 2008 marca una ruptura paradigmática al constituir la protección de derechos como la base para lograr justicia: se configura un Estado constitucional de derechos y justicia. Quienes integran la función judicial son servidores públicos al servicio de la ciudadanía y de los derechos humanos como fundamentos de la administración de justicia. En concordancia con la Constitución, se expide el Código Orgánico de la Función Judicial, el cual refleja, entre otros aspectos, la definición de las nuevas funciones y mecanismos para transformar la justicia.

A pesar de este marco constitucional y normativo, la crisis del sistema de justicia seguía vigente. Por esta razón el Ejecutivo convocó a la ciudadanía a la Consulta Popular realizado el 7 de mayo de 2011. Esta consulta significó un gran paso en cuanto a la apropiación ciudadana para romper con el antiguo sistema de administración de justicia.

Después de estos primeros años de Revolución Ciudadana hoy existen las condiciones necesarias para ofrecer un mejor servicio al ciudadano, con infraestructuras planificadas a nivel nacional, tomando en cuenta parámetros técnicos y no clientelares. Hoy los servicios judiciales en materias procesales benefician a la ciudadanía. No obstante, es indispensable tomar en cuenta que aún hay barreras que deben franquearse para que el Ecuador cuente con la justicia que se exige.

“Debemos nosotros construir la seguridad desde el hogar y la escuela, fortaleciendo valores y principios, poniendo énfasis en la comunicación”. Mayorie Balon, Taller de construcción del Programa de Gobierno, Santa Elena.

LINEAS DE ACCIÓN

•          Reconocer al sector de Justicia como una función que forma parte del Estado y es parte del Plan Nacional del Buen Vivir. El sistema de justicia no puede concebirse como un conjunto de instituciones-feudos independientes y sin control o evaluación. Es necesario reconstruir el concepto de independencia de la función judicial, entendiéndola como “libre de presiones”, pero sí articulada y alineada con las otras funciones del Estado. El objetivo del proceso de la Revolución Ciudadana es desmercantilizar y despolitizar la función judicial. Implementar un sistema  desconcentrado de servicios judiciales de acuerdo al nuevo modelo de distritos y circuitos.

•          Continuar trabajando para consolidar un sistema de justicia indígena como reconoce la Constitución en su artículo 171.

•          Fortalecer el Consejo de la Judicatura como órgano de coordinación, control y administración de la justicia, tal como lo establece la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. Es necesario convertirlo en una instancia legítima, técnica y plural, que permita controlar, evaluar, formar de manera permanente a sus operadores, a fin de mejorar los procesos del sistema de administración de justicia.

•          Consolidar el sistema de carreras judiciales y escuelas judiciales, como medio para fortalecer la institucionalidad judicial en su conjunto. Habrán reglas y procedimientos establecidos para la designación, promoción y remoción de los operadores de justicia y sistemas determinados para su formación y evaluación constante.

•          Implementar mecanismos que permitan la publicidad de los fallos judiciales −respetando la privacidad de los datos que por seguridad y derecho son confidenciales− como medida de control social a las actuaciones de los operadores de justicia, con la finalidad de que sus actuaciones sean aceptadas como legítimas para la ciudadanía.

•          Difundir en la población los mecanismos de acceso y operación del sistema de justicia, a fin de conseguir que los ciudadanos y ciudadanas exijan sus derechos de igualdad ante la Ley, y se respete la calidad de atención que debe brindar la institucionalidad de justicia. Establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento del sector de la justicia.

•          Contar con un sistema de justicia que responda a las realidades sociales y sus dinámicas territoriales. Fortalecer e implementar de los medios alternativos de manejo de conflictos en instancias de vecindad, como son los centros de mediación y los jueces de paz. Este proceso implica: a) Organización social para promover la aceptación ciudadana y uso de estos recursos;   y, b) Fortalecer el mecanismo de derivación al interior de los juzgados hacia estas instancias de solución de las causas.

•          Establecer un sistema de protección de víctimas y resarcimiento de derechos en un sistema de justicia integral. Esto significa vincular y articular los diferentes niveles de servicios que el Estado ofrece, e incluir a todos los actores públicos y privados en la restitución de sus derechos: a) Articulación, complementariedad y cooperación entre entidades que brindan atención a las víctima (ayuda psicológica, terapéutica, médica y legal); b) Establecer redes de trabajo interinstitucional para asegurar el ejercicio de la justicia, el restablecimiento de derechos y reparación de daños a los usuarios del sistema.

•          Impulsar una tutela efectiva de los derechos ciudadanos en el acceso a la justicia. Se prestará asistencia jurídica y se fortalecerá la Defensoría Pública en todos los ámbitos jurídicos, de cobertura territorial y de prestación de servicios de patrocinio y orientación. Se focalizará la atención en los sectores que han sido históricamente excluidos. El artículo 75 de la Constitución señala que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.

•          Regular y articular a la gestión de la defensoría pública la operación de los consultorios jurídicos gratuitos, los cuales deben tener los mismos niveles de calidad y especialidad que los consultorios jurídicos privados, para brindar servicios específicos, focalizados y competitivos.

•          Consolidar la prestación prioritaria de asesoramiento legal a los grupos históricamente desatendidos: niños, niñas, adolescentes, mujeres, pobres, indígenas, afroecuatorianos, minorías sexuales, personas con capacidades diferentes, etc.

•          Promocionar derechos y deberes en torno al tema de Justicia, fomentando el conocimiento sobre las formas adecuadas de ejercer la defensa de sus derechos.

•          Promover un registro único de víctimas de distintas violencias que incorpore todos los niveles de desagregación posibles.

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