Propuesta 11. ¡Los derechos no son favores!

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Radicalizar el régimen del Buen Vivir con la universalización de la salud, la educación, la inclusión y la seguridad social

Los derechos no son favores, como lo expresa la Constitución. Las bases del régimen del Buen Vivir se sustentan en cuatro ejes: la desmercantilización del bienestar; la universalidad de los derechos sociales; la recuperación del vínculo entre el ámbito social y el económico;   y la corresponsabilidad social, familiar y personal sobre el bienestar.

Poniendo en el centro la desmercantilización y la universalización, consideramos el bienestar y sus múltiples dimensiones como derechos garantizados con la provisión de bienes y servicios públicos, cuyo acceso no dependa de una condición laboral específica o de una “etiqueta” de pobreza. Salud, educación, inclusión y seguridad social tienen que tender a ser universales y de calidad, para todos y todas.

La corresponsabilidad sobre el bienestar representa un cambio fundamental del modo en que la población se vincula en el cumplimiento de la política, en el ejercicio de sus derechos y de sus propias capacidades. La corresponsabilidad también significa la equidad en la distribución del trabajo que genera bienestar, entre hombres y mujeres, entre la economía monetaria y la economía del cuidado.

Las políticas de inclusión social comprenden: el aseguramiento universal contributivo y no contributivo; y la garantía de acceso a un conjunto básico de derechos para satisfacer necesidades y generar capacidades. Estos dos elementos, en conjunto con el acceso a la salud y la educación, forman parte del núcleo de la inclusión social, que es el nivel básico que garantiza el Estado.

Si bien con ello aseguramos una cobertura básica de derechos fundamentales, el principal cambio de la política de capacidades, inclusión y seguridad social radica en la habilitación y movilidad social como parte de un proceso que permite un cambio cualitativo. Es así que la movilidad social implica la maduración del proceso de salida de la pobreza, la habilitación de la población, su capacitación y potenciación, y la vinculación a mecanismos y espacios en los que se ejerza la participación efectiva en los ámbitos económico, social, político y cultural.

“Deben haber  centros de atención a sectores prioritarios que sean integrales, en su construcción, funcionalidad, seguimiento e inclusión a la colectividad”. Marita Ramón, Taller de construcción del Progrma de Gobierno, Zamora.

 LINEAS DE ACCIÓN

•          Consolidar normativamente el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social contemplado en la Constitución, para garantizar los derechos y los objetivos del régimen del Buen Vivir. Una nueva ley de seguridad social y un código de protección integral en el todo el ciclo de vida serán fundamentales.

•          Asegurar el acceso y la calidad de la educación, su permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna en el nivel inicial, básico y bachillerato.

•          Consolidar el sistema de educación compensatoria para jóvenes y adultos con programas sostenidos de alfabetización, primaria acelerada, formación secundaria con modalidades semipresenciales y adaptados a las necesidades de los participantes y que posibiliten su acceso a la formación profesional.

•         Alcanzar el aseguramiento universal de la población a partir de la articulación entre la política y los programas de seguridad contributiva y no contributiva. Es fundamental articular al sistema tradicional de seguridad social, las prestaciones no contributivas que se reconocen para los miembros de los hogares que reciben el Bono de Desarrollo Humano, como también para los adultos mayores sin cobertura y para las personas con discapacidad que no están protegidas por ningún mecanismo.

•          Concebir a las transferencias monetarias condicionadas, como el Bono de Desarrollo Humano, como parte de un paquete de inclusión social que protege a los hogares en condición de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas. A esta transferencia ya se le han sumado un conjunto de otras prestaciones que permiten que este instrumento se aleje de su inicial y clásica concepción asistencialista.

•          Reorientar la condicionalidad del Bono de Desarrollo Humano a la actual situación del Ecuador. Dada las condiciones casi universales del acceso a la educación primaria, es prioritario para el Estado buscar una corresponsabilidad familiar orientada a la adecuada nutrición, al desarrollo infantil integral, a la eficiencia terminal de la educación secundaria y al cuidado de la salud de la población adulta mayor.

•          Estructurar un Subsistema Nacional de Cuidados que proteja a los grupos de atención prioritaria en todo su ciclo de vida, particularmente que asegure desarrollo infantil y se encargue de facilitar una vida digna para los adultos mayores.

•          Aumentar la cobertura de la seguridad social, sea por la vía formal de sus relaciones laborales o por la corresponsabilidad de sus cónyuge como garantes del bienestar de los miembros de su familia.

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